Funciones:

 Evaluar y estudiar la normatividad en materia penitenciaria.

 Visitar los establecimientos y examinar los tratos que las autoridades competentes otorgan a la población privada de la libertad.

 Verificar que la prestación del servicio de salud cuente con la infraestructura e insumos necesarios.

 Asesorar al Consejo Superior de Política Criminal y a las autoridades penitenciarias.