La Política Criminal en Colombia, tal como lo planteó la Comisión Asesora para la Política Criminal, se ha adoptado a partir de decisiones esencialmente reactivas y sin fundamentos empíricos sólidos (2012: 27). En la gran mayoría de las ocasiones dichas medidas han sido tomadas sin tener una evaluación del impacto previo y posterior; sin hacer un seguimiento de las consecuencias sobre los fenómenos de la criminalidad y la violencia, el sistema normativo; y sin contar con los operadores del sistema penal, penitenciario y carcelario (Comisión Asesora, 2012: 28-29). 

Esta falta de elementos suficientes (sistemas de información sólidos e integrados sobre los sistemas penales y la criminalidad) para la formulación, seguimiento y evaluación de la Política se constituye en unos de los problemas estructurales identificados por la Comisión. Desde esta perspectiva, y en vista de las recomendaciones planteadas este órgano, la Dirección de Política 

El objetivo es que el observatorio sirva de sustento técnico y logre fortalecer institucionalmente la labor de Ministerio de Justicia en el quehacer de una política pública criminal integral, al tiempo que permita orientar a las instituciones que intervienen en ésta, en las respuestas oportunas a los problemas de la criminalidad y el seguimiento y evaluación de la política.