La cartera de Justicia trabaja en la construcción de una política pública, que en conjunto con una criminal y otra social y cultural, garantice la seguridad de niños y niñas.
Bogotá, 10 de agosto de 2017. Durante la audiencia pública ‘Pedofilia, pederastia y violencia de niños y niñas, ¿qué hacer?’, cumplida este jueves en la Comisión Sexta del Senado de la República, Marcela Abadía, Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, indicó que estas conductas contra los menores son estructurales, obedecen a patrones patriarcales y no son de libre decisión.
Las definiciones de pedófilo, pederasta y abuso sexual infantil fueron expuestas ante los asistentes al recinto, así como las consecuencias físicas, conductuales, emocionales y de fobias a corto plazo para las víctimas de abuso sexual infantil.
La funcionaria confirmó que entre 2014 y marzo de 2017 se han registrado 69.108 casos de delitos sexuales, de los cuales el 86% afectaron a menores entre los 0 y 17 años. El 14% restante tuvo lugar en personas entre los 18 y 60 años.
A la fecha hay 65 hombres condenados y 174 sindicados por delitos con menores jóvenes entre los 14 y 18 años, y 12 mujeres condenadas y 14 sindicadas por el mismo delito. Así las cosas, son 275 personas las que están pagando su deuda con la justicia por haber cometido actos de violencia con estos adolescentes.
Marcela Abadía expresó que no se deben esperar denuncias y reacciones en los medios de comunicación para atender y combatir estos hechos atroces. “No podemos pensar que el fenómeno de la violencia contra los menores va a desaparecer solo con proponer cadena perpetua; no podemos seguir atacando a estos delincuentes únicamente con el derecho penal”, aseguró.
La funcionaria añadió que el Ministerio de Justicia trabaja para ofrecer una respuesta de castigo aislado, pues la cárcel no persuade a las personas que cometen este tipo de delitos. “Podríamos pensar en que no tengan ningún tipo de beneficio administrativo. En conjunto con el Consejo Superior de Política Criminal consideramos que el derecho penal es el último de los mecanismos de intervención para este fenómeno, lo que no significa que no deba tener un castigo penal. Debemos pensar en términos de política criminal en dónde debemos enfocarnos”, señaló.
Abadía concluyó su intervención indicando que “no debemos enfocarnos en hacer leyes, sino en robustecer la judicialización y hacer más eficaces, prontas y cumplidas las investigaciones. Hay que construir una política pública de prevención de la violencia sexual, pues es en el ámbito de lo privado donde ocurren estos hechos de violencia”.
Durante la audiencia se propuso crear una comisión interdisciplinaria e interinstitucional que construya una política pública nacional de prevención que desarrolle campañas a través de los medios de comunicación; elabore cartillas sobre educación sexual y prevención del abuso sexual infantil que se distribuyan en colegios y universidades y entre docentes y asociaciones de padres de familia; y obligue a una revisión del currículo en las instituciones formadoras de maestros.
Se espera que con la implementación de estas medidas se logre el objetivo principal: no tener un solo caso más de violencia sexual.