Washington (Estado Unidos), 8 de septiembre de 2017. Durante el panel ‘¿Cómo prevenir y reducir la violencia letal en América Latina y el Caribe?’, celebrado en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, se refirió a los mercados de drogas ilegales en contextos urbanos y al control de factores de riesgo y reducción de vulnerabilidades.
“Tenemos que dar un paso adelante en materia de políticas públicas que mitiguen el riesgo, pues múltiples factores influyen en la ocurrencia de delitos. Las drogas ilegales son uno de ellos. Sabemos que la asociación entre mercado de drogas y violencia aparece con mayor intensidad en zonas en disputa, por lo que es importante mencionar que el impacto que tiene el uso de sustancias sicoactivas en el delito se concentra en ciertas poblaciones y territorios, generalmente vulnerables. No podemos manejar políticas públicas carceleras”, dijo el alto funcionario.
El Viceministro afirmó también que el problema de las drogas se ha convertido en algo complejo que no solo vincula a la seguridad, sino también a la salud pública, al desarrollo y a los Derechos Humanos. Y anotó que aproximadamente ocho de cada diez adolescentes en conflicto con la ley han consumido sustancia sicoactivas, el 77% de ellos, marihuana. “Los jóvenes son uno de los eslabones más débiles de la cadena. Por ello debemos acogerlos para sacarlos del escenario criminal, no queremos que sean instrumentos del crimen”, señaló Medina.
Sobre la reducción del mercado de las drogas, aseguró que no solo basta con luchar para que no se ofrezcan en las calles, sino que esta acción se debe complementar con intervenciones sociales, tales como acciones diferenciadas de persecución penal y vigilancia pública, articulación interinstitucional entre la Policía Nacional y la Fiscalía General y fortalecimiento comunitario. “Tenemos que percibir como Estado a quienes usan a los jóvenes, pero una única intervención fuerte no sirve para nada”, manifestó.
Los asistentes al panel conocieron en detalle el Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas, una alternativa a la judicialización y utilización de medidas privativas de la libertad en la que el adolescente en conflicto con la ley penal (por delitos de menor gravedad) ingresa a un esquema de tratamiento integral bajo estricta supervisión judicial. Con este programa se busca la no reincidencia, la suspensión definitiva del consumo y la reincorporación del adolescente a la sociedad por medio de nuevos valores y principios.
Medina Ramírez concluyó su intervención mencionando algunas de las estrategias para prevenir y disminuir la violencia que origina el mercado de las drogas. “Debemos ofrecer respuestas diferenciadas para los distintos eslabones, con un enfoque integral que articule la seguridad y el desarrollo de los territorios. Estamos en la obligación de brindar protección a la poblaciones más vulnerables”, puntualizó.