El pronunciamiento del alto funcionario se dio durante el 26º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas, que se desarrolla en Viena (Austria). “El Estado colombiano ha realizado importantes esfuerzos para promulgar una legislación amplia que permita luchar contra el flagelo de la corrupción. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido analizando y estudiando la sanción a estos actos para dotarla de racionalidad, coherencia y eficacia”, señaló.
En su intervención, Medina Ramírez recordó que Colombia ha utilizado las penas privativas de la libertad para sancionar la corrupción, pero indicó que si solo se castiga con cárcel a personajes de una red criminal sin desmantelar sus redes patrimoniales e internacionales, esa red seguirá funcionando a su salida de prisión.
El Viceministro dijo que hoy el objetivo principal es el de decomisar ganancias ilícitas para desarticular el crimen organizado que se dedica a apropiarse de los recursos públicos. “Desde los años 80 el país ha venido implementando dentro su sistema legal y judicial herramientas para extinguir, incautar y decomisar el patrimonio de origen ilícito de los grandes carteles, lo que ha permitido dar grandes golpes al narcotráfico”, aseguró.
El alto funcionario manifestó que el gran reto del Ministerio de Justicia es que los operadores jurídicos que día a día combaten la corrupción puedan utilizar de manera sistemática herramientas como la extinción de dominio, para que no se utilicen exclusivamente en el campo del narcotráfico.
“Con el fin de determinar a dónde van a parar los recursos fruto de la corrupción, y recuperarlos, venimos impulsando con la cooperación internacional el fortalecimiento de las capacidades de los operadores judiciales en investigaciones patrimoniales”, dijo el Viceministro, quien añadió que en asocio con otras entidades y algunos gremios interesados, se trabaja en un ejercicio que busca identificar riesgos de corrupción.
Medina cerró su intervención haciendo votos para que este ejercicio de diálogo recíproco sirva como instrumento de prevención de la corrupción, y como herramienta de identificación, persecución, control y sanción.